Los grandes capitalistas financieros e industriales no se contentan con enverdecer su propia imagen mediante proyectos neutros en carbono, sino que afirman haber iniciado la transición del suministro energético de la sociedad: ¿Cuánto hay de cierto?
La economía verde o baja en carbono es una declaración de principios pero ¿se lleva a la acción?
En lugar de avanzar realmente hacia una economía más justa desde el punto de vista climático y social, simplemente muchos quieren utilizar la llamada economía “baja en carbono” o “verde” para mantener y reforzar su propia hegemonía y poder.
Es un error pensar que este nuevo marco energético, basado en la energía eólica, las megarepresas, la biomasa, la energía solar y otras fuentes, reducirá la deforestación y/o las actividades extractivas.
Al contrario, estos proyectos también requerirán grandes extensiones de tierra.
El símbolo de la “economía baja en carbono” es el coche eléctrico que, además de requerir los metales y minerales habituales, como hierro y aluminio, también requiere varios minerales y metales nuevos, cuya extracción provocará aún más destrucción y deforestación.
Ecuador ofrece un ejemplo de cómo la nueva “economía baja en carbono” ya está teniendo repercusiones en el bosque y sus habitantes.
En los últimos años se ha producido una fiebre por explotar la madera de balsa, ideal para la creciente industria de la energía eólica. Ecuador ya se ha convertido en el primer exportador mundial de esta madera, principalmente a China.
Paradójicamente, en un momento en que China anuncia sus objetivos de “carbono neutralidad” instalando más parques eólicos, la destrucción de bosques para obtener madera de balsa se intensifica en Ecuador, Colombia y Perú.
Esta situación también está provocando otros impactos, como los problemas causados por los aserraderos móviles en las comunidades, como la contaminación de los ríos; los bosques que han perdido su equilibrio debido a la tala incontrolada; y los impactos sociales, como la explotación de la mano de obra, los conflictos y las divisiones dentro de las comunidades.
Hacia una economía verde, más allá de las declamaciones
La retórica de la economía “baja en carbono” es sumamente conveniente para las empresas que en realidad están causando la destrucción a gran escala de los bosques, así como para quienes se benefician de la ejecución de estos proyectos, en particular las ONG conservacionistas, los certificadores de proyectos de “compensación”, los inversores financieros, etc.
Esta retórica va acompañada de propuestas y medidas para reducir el impacto de estos proyectos en el medio ambiente: como REDD y SFN.
Son en realidad mecanismos perversos porque su principal objetivo es ofrecer un salvavidas a las industrias contaminantes -y a sus beneficios- mientras desestabilizan el clima mundial en un corto espacio de tiempo.
Estas propuestas están provocando una carrera alocada por las tierras comunitarias. Como consecuencia, estos territorios se ven sometidos a una presión cada vez mayor, tanto por las actividades destructivas habituales como por los nuevos ataques “verdes”.
Este escenario pone de relieve la importancia de fortalecer la resistencia en las zonas afectadas por la imposición de tales proyectos destructivos y/o “verdes”, así como el trabajo en red, la unidad y la solidaridad mutua entre las comunidades afectadas.
Esto es tanto más importante cuanto que, en este escenario, los proyectos destructores de bosques y los proyectos “verdes” dependen unos de otros para ser viables: ambas categorías forman parte de la misma lógica dañina que debe ser denunciada y combatida.
Esta situación resalta la urgencia de desenmascarar las falacias de la economía “baja en carbono” y de cuestionar las soluciones propuestas, como los mecanismos REDD y SFN, que pretenden ofrecer alternativas de compensación sin abordar las causas subyacentes de la crisis climática. Lejos de ser soluciones reales, estos mecanismos perpetúan un modelo de desarrollo insostenible que privilegia los beneficios corporativos sobre el bienestar del planeta y de sus habitantes.
Ante este panorama, es crucial fortalecer la resistencia y la solidaridad entre las comunidades afectadas por proyectos tanto destructivos como aquellos disfrazados de “verdes”.
La lucha por un futuro verdaderamente sostenible requiere una crítica profunda a los sistemas de poder que mantienen prácticas dañinas, así como la búsqueda de alternativas que respeten los límites ecológicos y promuevan la justicia social.
Este desafío implica no solo rechazar los proyectos que destruyen el medio ambiente, sino también construir modelos de desarrollo que sean genuinamente sostenibles y equitativos, reconociendo que la protección del medio ambiente y la justicia social son inseparables y fundamentales para lograr un futuro verdaderamente sostenible.