El Gran Chaco, especialmente la provincia de Santiago del Estero, enfrenta una alarmante crisis ecológica. Esta región, que forma parte del segundo pulmón verde más grande del continente, después de la Amazonía, se ve amenazada por la deforestación masiva. Aunque este territorio posee una vasta riqueza natural, las comunidades indígenas y campesinas denuncian que la deforestación no solo afecta el ambiente, sino que también va acompañada de violencia y desplazamientos forzados impulsados por intereses económicos vinculados a la agroindustria.
Agroindustria y violencia: el impacto en las comunidades indígenas
Las denuncias de las comunidades campesinas e indígenas en Santiago del Estero apuntan a empresarios que, impulsados por la expansión de la agroindustria, estarían involucrados en actos de violencia y criminalización. Uno de los casos más mencionados es el de Orlando Canido, un empresario vinculado a la producción de gaseosas, quien ha sido acusado de realizar desmontes ilegales en tierras protegidas por la Ley de Bosques. Greenpeace Argentina lo ha señalado por arrasar con más de 11 mil hectáreas de bosque en zonas de alta conservación, lo que ha generado protestas tanto a nivel local como nacional.
Además de las consecuencias ambientales, las denuncias de los pueblos originarios apuntan a situaciones de violencia física y psicológica, como las registradas en la comunidad de Bajo Hondo, donde se habrían producido agresiones y amenazas por parte de grupos parapoliciales asociados a estos intereses empresariales.
Crítica situación de la deforestación en el bosque nativo
El Gran Chaco argentino, que abarca parte del Parque Chaqueño, forma parte del segundo bosque más grande de Sudamérica, albergando una biodiversidad única. Sin embargo, los desmontes provocados por la ganadería, la agricultura y la producción de madera y carbón están destruyendo este ecosistema a una velocidad alarmante. En los últimos años, la provincia ha liderado los índices de deforestación en el país, con la pérdida de más de 200,000 hectáreas entre 2017 y 2022, y un crecimiento notable de esta cifra en 2024. Esta devastación está afectando no solo al medio ambiente, sino también a las especies locales que habitan el bosque, como el pecarí, el oso hormiguero, y el loro hablador.
El avance de la frontera agropecuaria y los conflictos socioambientales
Según informes de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el avance de la frontera agropecuaria en Santiago del Estero se ha visto acompañado de intensos conflictos sociales y ambientales. Las comunidades indígenas y campesinas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que muchas de ellas carecen de títulos de propiedad que respalden su posesión ancestral de las tierras que ocupan. Esto ha permitido que grandes productores se adueñen de esos territorios, ya sea mediante compras a precios bajos o a través de cesiones irregulares del Estado.
La expansión de las actividades agropecuarias y la tala indiscriminada están vinculadas a actos de violencia contra estas comunidades. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) ha denunciado repetidamente estos atropellos, los cuales incluyen desalojos forzosos y la quema de viviendas. A pesar de la lucha y resistencia de las comunidades, los intentos de despojo continúan.
Respuesta oficial y las políticas del gobierno de Milei
En un contexto de creciente presión, el gobierno provincial, liderado por Javier Milei, ha sido criticado por la escasa implementación de medidas que frenen la deforestación. La directora de Bosques de Santiago del Estero, Noelia Zanichelli, indicó que la administración de Milei está empeorando la situación mediante recortes presupuestarios que afectan la protección de los bosques nativos. La eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que anteriormente financiaba proyectos de conservación, ha sido uno de los puntos más polémicos. La reducción del presupuesto destinado al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos también ha generado críticas, especialmente en un contexto donde la deforestación sigue avanzando sin control.
Ley de bosques y las irregularidades en su implementación
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007, que estableció nuevas normativas para proteger los bosques nativos, la deforestación en Argentina había comenzado a desacelerarse. Esta ley categoriza los bosques en zonas rojas, amarillas y verdes, dependiendo de su relevancia ecológica. Sin embargo, en Santiago del Estero, las autoridades provinciales han flexibilizado la ley para permitir ciertos desmontes en áreas que deberían estar protegidas.
Expertos como el ecólogo Matías Mastrangelo han señalado que las autoridades provinciales han “trampeado” la ley, permitiendo que se realicen desmontes en zonas de alto valor ecológico. Las modificaciones hechas a nivel provincial, como la creación de puntos verdes dentro de zonas amarillas, han facilitado que grandes propietarios, como Orlando Canido, continúen con actividades productivas que afectan el bosque nativo. Si bien las autoridades provinciales defienden que estas actividades están dentro de lo legal, organizaciones como Greenpeace Argentina y MOCASE sostienen que estas medidas representan un claro ejemplo de incumplimiento de la ley de bosques.
Futuro incierto para el Gran Chaco
El futuro de los bosques del Gran Chaco argentino parece estar en riesgo, ya que las políticas actuales y la expansión desmedida de la agroindustria continúan avanzando sin medidas eficaces de protección. Las comunidades indígenas y campesinas, que han estado luchando por la preservación de sus territorios durante décadas, siguen enfrentando una situación de inseguridad jurídica y violencia. La resistencia de estas comunidades, apoyada por organizaciones ambientales, es clave para frenar la destrucción del bosque y garantizar un futuro más sostenible para la región.
A pesar de las denuncias y las acciones legales, la falta de voluntad política para aplicar sanciones efectivas y frenar el avance de la deforestación pone en duda el compromiso real del gobierno para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas. Sin una estrategia de conservación adecuada, el Gran Chaco continuará perdiendo su invaluable biodiversidad, mientras las comunidades seguirán luchando por la defensa de su tierra y su forma de vida.