La reciente aprobación de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Salta ha generado una ola de críticas y preocupación entre sectores ambientalistas, comunidades locales y legisladores. La medida, convalidada por el gobierno nacional liderado por Javier Milei, que ha sido catalogado como negacionista del cambio climático, enfrenta serias denuncias por sus posibles efectos en los ecosistemas y comunidades originarias.
Controversia sobre la creación de un nuevo color territorial
El gobierno nacional decidió respaldar la actualización del OTBN salteño, a pesar de las reiteradas advertencias de activistas ambientales y representantes sociales. La crítica principal se centra en la introducción de un nuevo código cromático, identificado como “marrón”, que permitiría una mayor expansión de la frontera agropecuaria. Este cambio facilitaría el desarrollo de proyectos que podrían devastar zonas de bosques nativos y afectar hábitats críticos para diversas especies y comunidades.
Este nuevo marco legal responde a la urgencia del sector agrícola de Salta por cumplir con la normativa internacional, como la Resolución 1115/23 de la Unión Europea, que desde 2025 solo aceptará productos libres de deforestación. Sin embargo, ambientalistas advierten que esta flexibilización no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que también podría significar un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por Argentina.
Apoyo del gobierno nacional y críticas locales
El respaldo a la medida fue confirmado tras una reunión entre el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y las autoridades nacionales Ana María Vidal de Lamas y Octavio Pérez Pardo. Según informó el gobierno provincial, esta actualización busca fortalecer la protección de los agroecosistemas y la diversidad cultural y biológica.
Sin embargo, organizaciones como Greenpeace Argentina y la Fundación Cebil destacan que esta medida podría legitimar una amplia superficie de desmontes. Desde la implementación de la Ley Nacional de Bosques en 2007, en Salta ya se han deforestado más de 714.000 hectáreas, muchas de ellas en áreas protegidas. Con el nuevo OTBN, se calcula que otras 721.000 hectáreas podrían ser afectadas, lo que contradice el compromiso argentino de lograr deforestación cero para 2030.
Irregularidades en el proceso y el principio de no regresión
Otro punto crítico es el incumplimiento del principio de no regresión ambiental. Según especialistas, el nuevo OTBN permite recategorizaciones prediales similares a las utilizadas en administraciones anteriores para legalizar desmontes ilegales. Además, la incorporación del color marrón, que no está contemplado en la Ley Nacional de Bosques, levanta sospechas sobre la transparencia del proceso.
La metodología aplicada también ha sido cuestionada por su falta de claridad en cuanto a las zonas permitidas para desmonte, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial. La ausencia de consultas con el Consejo Asesor y la falta de herramientas que garanticen el control social agravan la situación.
Ausencia de consulta con las comunidades afectadas
En un relevamiento realizado por la Fundación Cebil y Greenpeace en zonas habitadas por comunidades indígenas, como Pichanal, Tartagal y Orán, se descubrió que los pobladores locales no habían sido informados ni consultados sobre el nuevo OTBN. Organizaciones como Tinkunaku también han denunciado esta omisión, considerando que afecta directamente sus derechos sobre los territorios que ocupan.
La falta de inclusión de las comunidades en la toma de decisiones genera una gran preocupación. Los referentes locales coinciden en que esta situación podría profundizar las inequidades y aumentar la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la expansión agropecuaria.
Postura legislativa y el impacto del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Legisladores salteños también expresaron su disconformidad con el proceso. En una carta dirigida al ministro de Producción, destacaron la falta de información y solicitaron el cumplimiento de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. Además, mencionaron la preocupación generalizada reflejada en numerosas notas enviadas por organizaciones sociales y ambientales.
La deforestación sigue siendo uno de los principales problemas ambientales en Argentina, especialmente en el Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de América Latina. Greenpeace señala que gran parte de los desmontes están vinculados a la producción de soja y ganadería destinada a la exportación. La aprobación del nuevo OTBN podría acentuar esta problemática, dificultando el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales.
El caso del OTBN de Salta pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, dejando interrogantes sobre las prioridades del país en materia de sostenibilidad. La necesidad de un debate más inclusivo y transparente resulta urgente para garantizar un equilibrio entre el progreso y la protección de los recursos naturales.