El nuevo ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el presupuesto nacional para la conservación de los bosques nativos ha generado una reacción sin precedentes en Argentina. Trece provincias manifestaron su preocupación por la eliminación del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) y la reducción en los fondos asignados para el próximo año.
La medida también ha provocado tensiones en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), cuyo objetivo de promover la preservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales en todo el territorio argentino se verá fuertemente comprometido por esta decisión y ahora busca alternativas para asegurar que los bosques nacionales no continúen siendo destruidos.
No hay dudas de que esta decisión del gobierno afecta sobre todo a aquellas provincias con mayor biodiversidad. Pero además, la baja del presupuesto significa una nueva amenaza para la supervivencia de las comunidades indígenas que dependen de los bosques nativos para su sustento. Es por eso que organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina se han unido a funcionarios provinciales para reclamar por este recorte inconstitucional que contradice acuerdos internacionales como los tratados de París y Escazú.
Por si todo esto no fuera suficiente, esta medida podría afectar el comercio de productos argentinos en todo el mundo, ya que tanto la Unión Europea como otros mercados internacionales vienen exigiendo una mayor sostenibilidad en la producción de los bienes que importan. En definitiva, esta disposición representa una pérdida para todos los ciudadanos argentinos.
La motosierra avanza contra los bosques nativos
La nueva iniciativa del gobierno sobre el presupuesto 2025 para la protección de los bosques nativos alcanzó un triste hito: es el más bajo de toda la historia del país. Apenas un 2,8% de lo que exige la maltratada Ley de Bosques. De acuerdo con esta norma, el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agrícolas deberían asignarse a la conservación forestal.
Y si bien es cierto que en años anteriores este presupuesto nunca se cumplió a rajatabla, ningún otro gobierno había llegado a estos niveles de desidia para con los ecosistemas nacionales. El decreto 888/24 eliminó el fideicomiso Fobosque, un fondo clave para administrar los recursos de protección ambiental. Esto significa que 16 mil millones de pesos que ya habían sido asignados a proyectos provinciales de conservación durante 2023, nunca serán entregados.
Este brutal ajuste tendrá terribles consecuencias en la biodiversidad y los ecosistemas argentinos que dependen de estos fondos para su preservación. La falta de inversión podría acelerar la deforestación de bosques que ya se encuentran en peligro por el aumento de la tala ilegal y los incendios forestales de personas inescrupulosas que atentan contra los hábitats naturales nacionales cegados por la búsqueda de un rédito económico.
Provincias unidas para reclamar al gobierno
Ante este atropello ambiental, las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Rioja, Entre Ríos, Neuquén, Formosa, Río Negro y Santiago del Estero manifestaron su rechazo por la eliminación del fideicomiso. Además, sus representantes confirmaron su intención de iniciar acciones legales contra el gobierno nacional.
Las provincias también remarcaron que, si los fondos no son restaurados, se estarían quebrando acuerdos internacionales que estipulan que no se puede retroceder en los niveles de protección alcanzados, como sugieren los Acuerdos de Escazú y de París. Mientras tanto, el director de la Dirección Nacional de Bosques, Octavio Pérez Pardo, se sumó a quienes protestan por el deterioro de la gestión ambiental del país y presentó su renuncia, que hasta el momento no ha sido aceptada.
¿Qué depara el futuro si no se restaura el presupuesto?
Esta reducción histórica del presupuesto destinado a la protección de los bosques nativos tendrá consecuencias terribles para el medioambiente argentino. Al contar con menos recursos, la lucha contra la deforestación, la conservación de la biodiversidad y la restauración de áreas degradadas se verá completamente debilitada.
Actividades y programas de control no serán posibles ante la falta de financiamiento, por lo que quienes realizan actividades ilegales, como el desmonte y la expansión de la agricultura y la ganadería en áreas protegidas podrán destruir los bosques nativos sin preocupare porque nadie los detenga.
Además, los bosques cumplen un rol fundamental en la absorción de carbono y la regulación del clima. Por lo que la pérdida de nuevas áreas forestales no solo amenaza los ecosistemas y las especies que dependen de ellos, sino también la calidad de vida futura de todos los argentinos en un mundo donde el cambio climático está cada vez más presente.