La provincia de Chaco se enfrenta a una encrucijada ambiental tras la suspensión judicial de los desmontes por tres meses, ordenada por la jueza federal Zunilda Niremperger. Este freno llega tras una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que ya ha derivado en la imputación de varios funcionarios y empresarios involucrados en la deforestación masiva. Entre los señalados, figura el actual ministro de Producción, Hernán Halavacs, responsable de la mayoría de los permisos de desmonte otorgados en los últimos gobiernos. El impacto de esta medida y las investigaciones en curso revelan la gravedad del conflicto en torno a la gestión de los recursos forestales en la región.
Una medida cautelar busca frenar los desmontes en Chaco
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia ha emitido una medida cautelar que suspende por un plazo de tres meses las actividades de desmonte en la provincia de Chaco. Esta acción judicial responde a una denuncia presentada en julio por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y tiene como objetivo prevenir posibles daños irreversibles al medio ambiente. La jueza Niremperger fundamentó su decisión en la necesidad urgente de adoptar medidas de precaución y ordenó investigar a los responsables de la destrucción del bosque nativo, incluidos funcionarios provinciales, diputados y empresarios del sector forestal. La situación es alarmante, ya que Chaco ha sido la provincia con mayor deforestación en lo que va del año, con un total de 27.148 hectáreas devastadas.
Suspensión que afecta tanto a permisos antiguos como nuevos
La resolución emitida por Niremperger, celebrada por organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina, no solo afecta los desmontes ya autorizados, sino que también detiene la emisión de nuevos permisos por un periodo de tres meses, con la posibilidad de extenderlo si fuese necesario. Esta decisión recae directamente sobre el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, responsable de regular la actividad forestal en la provincia. Según Enrique Viale, miembro de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la jueza tomó en cuenta los principios más avanzados del derecho ambiental, como la prevención y la precaución, en consonancia con lo estipulado por la Ley General del Ambiente. Además, se tuvo en cuenta el concepto de equidad intergeneracional, buscando proteger los recursos naturales para las futuras generaciones.
La denuncia que expone irregularidades en la gestión forestal
La denuncia presentada contra los funcionarios y empresarios no solo acusa la deforestación ilegal, sino que también revela un entramado de actividades ilícitas que incluyen la modificación fraudulenta de leyes para avanzar sobre un millón de hectáreas de bosque nativo. Esta ley, aprobada de manera exprés en abril y promovida por el gobernador Leandro Zdero, es el detonante de la causa judicial que ahora investiga a altos cargos del gobierno provincial, como el ministro de Producción Hernán Halavacs y su equipo. La denuncia señala que estos funcionarios utilizaron su posición para beneficiarse económicamente a través de la concesión de permisos de desmonte y la manipulación de normativas ambientales.
Funcionarios imputados por delitos graves
El 14 de agosto, la Fiscalía Federal de Chaco, liderada por Patricio Sabadini, imputó formalmente a varios de los denunciados, entre ellos, Hernán Halavacs, Miguel Ángel López y Luciano Olivares, quienes ocupaban altos cargos en el área de desarrollo forestal de la provincia. Las acusaciones incluyen delitos como abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Sabadini también solicitó el cese inmediato de las actividades de extracción forestal y propuso la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, lo que significa que no solo se investigará a los individuos involucrados, sino también a las empresas que participaron en estos actos ilegales, entre ellas, Vicentín, Las Guindas y el Grupo Buratovich.
Allanamientos y lazos entre políticos y empresarios
La investigación judicial ha desatado una serie de allanamientos, entre ellos, el realizado en las oficinas del ministro Halavacs, ubicadas en la Casa de Gobierno de Chaco, y en la consultora privada desde la cual gestionaba permisos de desmonte para empresas forestales antes de asumir su cargo público. De acuerdo con la denuncia, Halavacs fue responsable de gestionar más de 350 permisos de desmonte entre 2014 y 2021, lo que representa una porción significativa de los trámites aprobados por la Dirección de Bosques de la provincia en ese período. Este dato, sumado a su cercanía con grandes empresas como Vicentín y Las Guindas, evidencia los fuertes vínculos entre la política provincial y los intereses empresariales ligados a la deforestación.
Deforestación pese a la ley de bosques
A pesar de la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007, que busca proteger el bosque nativo, en Chaco se han deforestado casi medio millón de hectáreas desde su implementación. La reciente aprobación de la Ley 4005-R, que permitiría el desmonte de un millón de hectáreas más, ha intensificado las críticas contra el gobierno provincial. La Asociación de Abogados Ambientalistas acusa a los legisladores y empresarios involucrados de crear una legislación a medida de las empresas deforestadoras, reflejando una profunda connivencia entre el poder político y los intereses privados.
Empresas y empresarios bajo la lupa
Entre las empresas señaladas en la investigación, destacan nombres de gran peso económico, como el Grupo Buratovich y las firmas transnacionales Indunor y Unitan, acusadas de ser responsables de la pérdida de miles de hectáreas de bosque chaqueño cada año. A nivel local, empresarios como Ana Victoria Hupaluk y Adolfo Eduardo Hupaluk también están bajo investigación, vinculados a casos de explotación laboral y manejo fraudulento de recursos forestales. Este entramado de irregularidades no solo afecta al medio ambiente, sino que también expone graves violaciones a los derechos humanos y laborales en la región.
La suspensión de los desmontes en Chaco y las investigaciones en curso representan un primer paso hacia la protección del ambiente y la justicia en una provincia que ha sufrido años de deforestación desenfrenada. Sin embargo, queda por ver si la medida cautelar será suficiente para frenar un sistema profundamente arraigado de corrupción y destrucción ambiental.