La empresa Manaos desmontó más de 10 mil hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero

Los bosques nativos de Santiago del Estero vienen siendo saqueados por empresarios inescrupulosos desde hace décadas. De hecho, se calcula que desde el año 1998 es la provincia más afectada por la deforestación, con más de ¡2 millones de hectáreas perdidas!

Ahora, la organización ecologista Greenpeace Argentina, ha denunciado que la familia Canido, dueña de la empresa Refres Now que (entre otras actividades) produce la gaseosa de la marca Manaos, está llevando a cabo un nuevo ecocidio: el desmonte ilegal de 10 mil hectáreas en una zona donde la Ley Nacional de Bosques prohíbe la deforestación. 

Esta acción, realizada en complicidad con el gobierno provincial, no solo infringe una ley creada en el año 2009 para proteger los ecosistemas del país austral, sino que también pone en riesgo la biodiversidad de la región y afecta directamente a cientos de comunidades locales. 

Ante este escenario, la organización ambientalista lanzó una campaña para que la ciudadanía se sume al repudio hacia la empresa responsable, juntando firmas para denunciar el desmonte ilegal. Quienes quieran participar, pueden hacerlo en: https://excesodedesmontes.org/ 

La crisis que atraviesan los bosques nativos argentinos 

Las consecuencias climáticas y ecológicas de la deforestación no son desconocidas para nadie. Hernán Giardini, al frente de la campaña Bosques de Greenpeace, destaca que una de las principales razones detrás del desastre ambiental que atraviesan los bosques argentinos tiene que ver con la expansión agropecuaria promovida por empresas como la de la familia dueña de Manaos. 

Las consecuencias de este ecocidio son múltiples. Por un lado, afecta a la fauna que habita en la región. Animales como la tortuga terrestre, el pecarí, la corzuela o el oso hormiguero, y aves emblemáticas como el loro hablador, ven destruidos sus hábitats ante el paso de las topadoras.  Pero además, la deforestación exacerba el cambio climático, provocando que eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones sean cada vez más frecuentes.

Estos impactos ambientales tienen, a su vez, un efecto dominó sobre la salud humana y la seguridad alimentaria en la región. Cientos de comunidades indígenas y campesinas deberán rebuscárselas para sobrevivir debido a la destrucción de los ecosistemas de los que dependían para pastorear y desarrollar sus actividades.

La importancia de la movilización ciudadana

Ante esta crisis ambiental, es fundamental que los ciudadanos de Argentina se unan para combatir la destrucción de sus ecosistemas. La campaña de Greenpeace que convoca a la ciudadanía a firmar peticiones y participar en protestas contra la deforestación debe ser solo el comienzo. Si realmente se quiere presionar a las empresas y al gobierno para que cambie sus políticas ambientales, es necesario que toda la población se involucre. 

Además, es importante que quienes abogan por el cuidado del medioambiente en otros países del mundo sumen sus voces de apoyo. Solo a través de acciones coordinadas será posible proteger los bosques nativos de todo el planeta y asegurar que las leyes ambientales se cumplan. 

¿Qué hace falta para proteger los bosques nativos? 

La crisis de deforestación que aqueja a la Argentina y al mundo requiere de soluciones concretas: por un lado, la inversión en herramientas que permitan monitorear las zonas más afectadas (es decir, las más codiciadas por las empresas agropecuarias). Por otro, la promoción de alternativas sostenibles para el uso de la tierra. 

Sin embargo, nada de esto será suficiente, a menos que las leyes ambientales que ya existen (como la Ley de Bosques Nº 26331) comiencen a aplicarse de manera estricta. Para ello es necesario un compromiso real de los involucrados en su cumplimiento tanto a nivel provincial, como nacional. 

Por último, es imprescindible considerar la propuesta de las organizaciones ambientalistas de que la deforestación y los desmontes ilegales se conviertan en delitos penales. Parece ser la única manera de que los dueños de las empresas paguen por el daño que le hacen a los ecosistemas. 

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