La propuesta del gobierno de Javier Milei de enviar al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley “ómnibus”, ha generado intensos debates y controversias. En el centro de la polémica se encuentran las desregulaciones propuestas que impactarían significativamente en legislaciones cruciales para la conservación y protección del medio ambiente en Argentina. Entre las leyes afectadas se encuentran la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
Desafíos en la Ley de Glaciares
Uno de los cambios más destacados propuestos por el proyecto de ley es la modificación de la Ley de Glaciares. La propuesta sugiere habilitar la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo lo que consideran un exceso de control federal sobre las provincias. Sin embargo, esta aparente descentralización plantea preocupaciones sobre la preservación de estos delicados ecosistemas.
El proyecto busca redefinir la protección del ambiente periglaciar, limitándola exclusivamente a aquellos con geoformas específicas, excluyendo a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos. Esta redefinición plantea interrogantes sobre la capacidad de salvaguardar áreas periglaciares cruciales para la biodiversidad.
Además, se propone cambiar la definición de glaciar, limitándola a cuerpos de hielo perenne expuestos o cubiertos, excluyendo otras formaciones que actualmente son consideradas glaciares. Esta nueva definición podría dejar desprotegidas áreas que desempeñan un papel crucial en la regulación del recurso hídrico y la conservación del ecosistema.
Reforma en la Ley de Control de Actividades de Quema
Otro punto de gran controversia es la propuesta de modificar la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. El proyecto sugiere cambios en la definición de quema, excluyendo las actividades relacionadas con la protección medioambiental del terreno. Esto plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que actividades con fines de lucro se beneficien de la quema sin considerar su impacto ambiental.
El artículo 498 propone una modificación significativa en las prohibiciones relacionadas con la quema. Según el proyecto, la prohibición estaría circunscripta al tiempo de respuesta del Estado frente a solicitudes de autorización de quema por parte de privados. En caso de no recibir una respuesta en 30 días, se consideraría que la quema ha sido autorizada tácitamente. Esta disposición podría tener consecuencias significativas en la gestión ambiental y la prevención de incendios forestales.
Cambios en la Ley de Bosques
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos también enfrenta propuestas de reforma sustanciales. Se pretende modificar la definición de categorías de bosques nativos, especialmente en relación con las categorías I (rojo) y II (amarillo). La legislación actual prohíbe el desmonte en áreas de muy alto valor de conservación (categoría I), pero las modificaciones propuestas podrían debilitar estas restricciones, permitiendo un mayor desarrollo comercial en estas zonas.
Adicionalmente, se plantea la eliminación de regulaciones clave para las categorías I y II, como los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente. Esto podría generar preocupaciones sobre la supervisión y control de actividades en áreas críticas para la biodiversidad.
El proyecto también busca cambios en el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. La eliminación del financiamiento proveniente del 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios del sector forestal podría afectar la capacidad de conservación y restauración de bosques nativos.
El fin de las leyes ambientales
Tal cual han denunciado diversas organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, la propuesta de reforma enviada por el gobierno de Javier Milei plantea serias preocupaciones en cuanto a la protección del medio ambiente en Argentina. Las modificaciones propuestas en la Ley de Glaciares, la Ley de Control de Actividades de Quema y la Ley de Bosques podrían tener consecuencias significativas en la conservación de ecosistemas críticos y la biodiversidad.
Es imperativo que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de las implicaciones ambientales, sociales y económicas de estas propuestas antes de su aprobación. La necesidad de impulsar la actividad comercial no debe comprometer la integridad de los ecosistemas y la sostenibilidad a largo plazo.
La sociedad argentina y la comunidad internacional están observando de cerca estos desarrollos, instando a una cuidadosa consideración de las consecuencias de estas reformas. La conservación del medio ambiente es una responsabilidad compartida que requiere medidas equilibradas que promuevan el desarrollo sostenible y la preservación de la riqueza natural de Argentina.