Greenpeace Argentina lanzó una alerta por el drástico recorte que sufriría la Ley de Bosques en 2026, una medida que, según la organización, podría agravar la deforestación ilegal y dejar al país aún más expuesto frente a los incendios forestales. La preocupación no se limita al financiamiento: la falta de personal especializado para combatir el fuego amenaza con convertir la próxima temporada estival en una de las más críticas de los últimos años.
Un presupuesto que apenas cubre una mínima parte de lo necesario
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo destina apenas el 3,5 % de los fondos que la Ley de Bosques debería recibir. En números concretos, se prevén 15.843 millones de pesos, cuando la ley establece que no puede asignarse menos del 0,3 % del Presupuesto Nacional, lo que equivaldría a 444 mil millones. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que esta reducción “disminuirá la capacidad de control que tienen los gobiernos provinciales sobre los desmontes ilegales”. Explicó además que un 30 % del fondo se utiliza para tareas institucionales de fiscalización y el resto para conservar los ecosistemas y promover actividades sustentables.
La eliminación del fondo fiduciario agrava la situación
A la reducción presupuestaria se suma otro golpe: el decreto 888/2024, con el cual el gobierno nacional disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, encargado de administrar los recursos de la Ley de Bosques. Con esa decisión, los fondos que antes estaban garantizados para la conservación podrían ser redirigidos libremente a otros fines. Para Greenpeace, esta maniobra debilita uno de los pocos mecanismos de financiamiento ambiental estable que tenía el país.
Tres décadas de pérdida sostenida y falta de control
Argentina figura entre los 15 países con mayor deforestación en las últimas tres décadas, con unas 7 millones de hectáreas desmontadas entre 1998 y 2023, según datos oficiales. El monitoreo satelital de Greenpeace calculó que solo en 2024 se perdieron unas 150 mil hectáreas de bosques en el norte del país. La organización sostiene que los controles son insuficientes y que el debilitamiento institucional agravará una tendencia ya crítica. Los desmontes ilegales, principalmente para expandir la frontera agropecuaria, avanzan más rápido de lo que los mecanismos provinciales pueden fiscalizar.
Brigadistas insuficientes y precarizados ante un verano de riesgo
En paralelo, trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron que el cuerpo de brigadistas forestales cuenta con apenas 363 efectivos, cuando el mínimo necesario debería superar los 700 para cubrir las 5 millones de hectáreas bajo su jurisdicción. A ello se suman denuncias por despidos, sueldos bajos y contrataciones precarias. La reciente disolución del Fideicomiso Financiero del Fondo Nacional de Manejo del Fuego también genera incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos para la prevención y el combate de incendios.
Giardini advirtió que la combinación de recorte presupuestario, menos brigadistas y un año con escasas lluvias puede tener consecuencias graves. “Estamos muy preocupados por un posible aumento de los incendios durante la primavera y el verano, sobre todo por la falta de nieve y precipitaciones en la región andino-patagónica. Es evidente el desinterés del gobierno nacional en afrontar la emergencia forestal y la crisis climática”, señaló, insistiendo en la necesidad de “más brigadistas, más infraestructura y más prevención”.
Los incendios forestales recientes confirman el deterioro del sistema
Durante el último verano, Greenpeace registró que se quemaron casi 32 mil hectáreas de Bosques Andino-Patagónicos, cuatro veces más que la temporada anterior. Fue, según la organización, la peor temporada de incendios forestales en tres décadas. Actualmente, dos focos activos en Salta, en las zonas de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa, ya devastaron cerca de 2 mil hectáreas, reflejando la urgencia de reforzar los equipos de combate.
El panorama que describe Greenpeace Argentina es el de un país que, con menos recursos y menos personal, enfrenta un riesgo creciente. En medio de un contexto climático extremo, la advertencia no solo apunta al presente, sino a la fragilidad del sistema de protección ambiental argentino en los años por venir.