El presidente Javier Milei anunció recientemente un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluía, entre otras cosas, una modificación en la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, una revisión detallada del texto completo del DNU, publicado en el Boletín Oficial, revela una sorpresa: no hay ninguna referencia específica a este tema en el contenido del decreto.
Esta aparente omisión ha generado especulaciones sobre si se trató de un olvido durante la redacción del texto final del DNU o si, por alguna razón de último momento, se decidió no incorporar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego en esta instancia.
Antecedentes de la Ley de Manejo del Fuego
La Ley Nacional 28.815, que regula los incendios rurales y forestales en Argentina, fue aprobada en el Congreso en 2012. Posteriormente, en 2020, se sumó la Ley 27.064, que introdujo modificaciones al proyecto original de 2012, agregando ciertas prohibiciones. Se especula que las reformas de 2020 podrían haber sido el objetivo de la supuesta derogación mencionada por Milei.
La reforma de 2020 fue impulsada por el bloque de diputados del Frente de Todos y resultó polémica, especialmente en el sector agropecuario. Los artículos incorporados prohibían, por ejemplo, cualquier actividad agrícola diferente al uso habitual de la superficie luego de un incendio, ya sea intencional o accidental. También se prohibía la venta de tierras afectadas por incendios para loteos o proyectos de urbanización.
Esta reforma se gestó en medio de extensos incendios en la zona del delta del río Paraná, afectando a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresó su preocupación, argumentando que la legislación ponía en riesgo la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país y afectaba la garantía constitucional de presunción de inocencia.
Aunque la ley tenía validez nacional, el enfoque se centraba en los incendios rurales recurrentes en la zona del río Paraná.
Humedales y bosques en peligro
El DNU de Milei aborda una amplia variedad de desregulaciones en materia económica y laboral, pero la aparente ausencia de cambios concretos en la Ley de Manejo del Fuego ha generado incertidumbre y especulaciones sobre el motivo detrás de esta mención sin respaldo en el texto del decreto.
Mientras la comunidad aguarda posibles aclaraciones o futuras acciones gubernamentales relacionadas con este tema, la atención sigue centrada en las posibles implicancias y cambios que podría traer consigo esta supuesta modificación en la Ley de Manejo del Fuego.
Es fundamental comprender las repercusiones de cualquier ajuste normativo en una ley tan crucial para la gestión de incendios, especialmente en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos y los incendios forestales han adquirido una relevancia global. La preservación del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y la seguridad de las comunidades se ven directamente afectadas por la legislación en torno al manejo del fuego.
Dada la sensibilidad de este tema, la ausencia de detalles claros en el DNU de Milei respecto a la Ley de Manejo del Fuego genera inquietudes y destaca la importancia de una comunicación transparente y precisa en relación con las decisiones que puedan tener impacto en cuestiones ambientales y de seguridad nacional, algo que ya han advertido las organizaciones ambientalistas como Greenpeace.
Mientras la sociedad espera más información y claridad sobre este asunto, queda patente la necesidad de abordar estos cambios normativos con un enfoque equilibrado que considere tanto las preocupaciones del sector agropecuario como la necesidad de preservar y proteger los recursos naturales del país.