Recientemente el gobierno de Javier Milei disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esta medida no solo pone en grave peligro la conservación de los ecosistemas nativos, sino que amenaza la supervivencia de especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
Ante este escenario, la organización ambientalista Greenpeace Argentina decidió denunciar ante la Corte Suprema de Justicia esta normativa que permitirá que el dinero destinado a la protección de los bosques sea utilizado de forma arbitraria para solventar cualquier otro gasto. Una situación que debilita aún más la eficacia de la Ley de Bosques, al eliminar el 30% de los recursos destinados al control de desmontes e incendios forestales y el 70% que financia actividades sustentables.
Cabe recordar que en zonas como el Gran Chaco argentino, la deforestación ilegal y los incendios forestales han llevado al yaguareté, una especie icónica del país a una situación extrema. Tal es así que, en la actualidad, los expertos calculan que en este ecosistema solo quedan 20 ejemplares de estos felinos.
¿Qué significa este nuevo decreto para los bosques nativos argentinos?
El Decreto 888/2024, que disuelve el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, permite que los recursos destinados a proteger los bosques del país sean reasignados a otros fines. Esta eliminación agrava aún más la situación que enfrentan los bosques nativos, ya que representa un retroceso en las políticas ambientales de Argentina.
Desde 2019, Greenpeace sostiene una causa judicial contra las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa por incumplimientos graves de la Ley de Bosques. En esta nueva presentación ante la Corte Suprema, la organización ha resaltado los efectos que esta decisión podría tener en la conservación del hábitat del yaguareté.
Ante la falta de los recursos necesarios para monitorear actividades como los desmontes ilegales, estas podrían aumentar sin control, fragmentando el territorio de los yaguaretés y reduciendo sus posibilidades de supervivencia, así como las de cientos de otras especies autóctonas.
Las violaciones a la Ley de Bosques
En el último año, las actualizaciones de los ordenamientos territoriales de bosques (OTBN) han permitido desmontes ilegales y modificaciones en las categorías de protección. La provincia de Salta, por ejemplo, ha tenido el descaro de crear una nueva “Categoría marrón”, lo que representa una violación de lo establecido en la Ley de Bosques.
Pero este no es el único problema: la falta de presupuesto y la disolución del Fondo Fiduciario no harán más que agravar las dificultades que las provincias tienen ahora mismo para proteger la agenda ambiental. Se trata de acciones que no solo van en contra de los compromisos asumidos por las provincias al dictarse la Ley de Bosques, sino también de los que asumió el país en tratados internacionales como el Acuerdo de París.
Es hora de que la Corte Suprema defienda el medioambiente argentino
La única manera de proteger los ecosistemas del país es que la Corte Suprema haga lugar a la denuncia de Greenpeace y tome medidas inmediatas para evitar mayores daños ambientales. Los bosques nativos no pueden estar a merced de los tiempos judiciales, es necesario que se suspendan de manera urgente las actividades de desmonte ilegal en las provincias demandadas.
Por otro lado, es crucial garantizar que cada gobierno provincial cuente con el financiamiento adecuado para poder implementar de forma eficaz la Ley de Bosques sancionada en 2007. Además, es importante que la comunidad se involucre en la protección de sus recursos naturales, a través de audiencias públicas donde se pueda debatir la situación.