Un reciente informe de Greenpeace Argentina alerta sobre el impacto devastador de la ganadería intensiva en los bosques nativos de Santiago del Estero y Chaco. Según la organización, la aplicación del llamado “manejo silvopastoril”, que debería proteger las áreas forestales, en realidad esconde prácticas de desmonte que violan la Ley de Bosques. Entre 2008 y 2022, miles de hectáreas de bosque fueron transformadas en tierras de pastoreo, lo que plantea un problema ambiental grave que, según Greenpeace, cuenta con la complicidad de las autoridades provinciales.
Modelo que afecta la estructura de los bosques
El análisis de Greenpeace evaluó 1.881 terrenos en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, que fueron convertidos en áreas de ganadería intensiva bajo la modalidad de manejo silvopastoril. Aunque esta práctica se promueve como una gestión sustentable de los recursos naturales, Greenpeace descubrió que en la mayoría de los casos resultó en desmontes encubiertos. Los estudios señalan que estos terrenos perdieron, en promedio, la mitad de su cubierta forestal. Además, en el 70% de los lotes se evidenció una alteración drástica de la estructura y función de los bosques, dejando densidades arbóreas comparables a las de un parque urbano.
Complicidad de los gobiernos provinciales
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, sostiene que la expansión de la ganadería intensiva ha sido una de las principales causas de desmonte en el norte del país en los últimos veinte años. Giardini denuncia que esta actividad avanza incluso en zonas protegidas por la Ley de Bosques y señala la participación de las autoridades provinciales en la permisividad de estas prácticas ilegales. Desde su perspectiva, tanto el gobierno de Santiago del Estero como el de Chaco han permitido que los grandes productores eludan las restricciones de la ley para expandir sus actividades agrícolas, favoreciendo el desmonte en áreas que deberían estar protegidas.
Desmontes encubiertos bajo el nombre de manejo sustentable
Greenpeace argumenta que el manejo silvopastoril, lejos de ser un sistema de uso racional del bosque, funciona como una vía para continuar el avance de la agricultura en áreas restringidas. Giardini enfatiza que la práctica se utiliza como una excusa para permitir desmontes en áreas donde, de otro modo, no se podría intervenir. Bajo la fachada de sustentabilidad, se encubren deforestaciones que degradan seriamente el ecosistema. Esta transformación de los bosques en terrenos ganaderos contribuye a la pérdida de biodiversidad y a la reducción de la capacidad de los ecosistemas para combatir el cambio climático.
Efectos ambientales de la deforestación
Giardini alerta sobre las múltiples consecuencias de esta deforestación en el medio ambiente, incluyendo el aumento de la crisis climática, la desaparición de especies, la desertificación y la frecuencia de inundaciones en la región. Además, advierte sobre el impacto en las comunidades locales, que enfrentan mayores riesgos de enfermedades y desalojo de sus tierras. Para el activista, es urgente tomar medidas más estrictas contra los desmontes ilegales y los incendios forestales, imponiendo sanciones severas que disuadan a quienes promuevan estas prácticas perjudiciales para el ecosistema.
Lucha judicial por el hábitat del yaguareté
Desde hace cinco años, Greenpeace Argentina lleva adelante una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de los yaguaretés del Gran Chaco, un hábitat que se encuentra gravemente amenazado por la destrucción forestal. En esta causa, la organización acusa al Estado Nacional y a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa de incumplir con la protección de los bosques nativos. Recientemente, Greenpeace denunció que el Decreto 888/2024, que disuelve el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, representa un nuevo obstáculo para la conservación del medio ambiente. La organización advierte que, sin estos fondos, los bosques nativos están aún más desprotegidos, ya que los recursos destinados a su preservación pueden ahora ser usados para otros fines, sin la obligación de reinvertir en la protección de los ecosistemas forestales.