Un tribunal federal de Formosa impuso penas de prisión a cuatro hombres que participaron en la caza de un yaguareté en julio de 2024 en la localidad de Ibarreta. La resolución, que se dictó a través de un juicio abreviado, representa un antecedente inédito en la región, ya que por primera vez se aplicaron condenas de cumplimiento efectivo para este tipo de delitos ambientales. Tres de los sentenciados cumplirán sus dos años de pena bajo arresto domiciliario, mientras que el cuarto recibió la misma condena, pero con ejecución en suspenso.
La condena y sus implicancias legales
Los acusados fueron encontrados responsables de cazar un animal silvestre cuya captura está prohibida, en concurso de varias personas actuando como coautores, según comunicó Fiscales.gob.ar. El fallo detalla que tres de los involucrados, identificados por sus iniciales como V.P.D.L., W.P.D.L. y C.H.C., deberán cumplir la prisión en modalidad domiciliaria. M.C., por su parte, recibió la misma pena, aunque con suspensión de la ejecución.
Además, se estableció que los condenados participarán en una capacitación sobre la protección de la especie Panthera onca, el yaguareté, declarada Monumento Natural en 2001 mediante la Ley 25.463, así como de otras especies de fauna local. La formación será impartida por especialistas designados por los querellantes en un establecimiento educativo próximo al domicilio de los imputados, y estará abierta a la comunidad.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal federal Luis Benítez durante la instrucción, mientras que en la etapa de juicio intervino la fiscal federal Elena Marisa Vázquez.
La gravedad ecológica de la caza furtiva
La fiscal Vázquez destacó que la condena responde a la necesidad de proteger la biodiversidad regional y preservar las especies de la provincia. Por su parte, el juez Pablo Morán subrayó que, más allá del hecho puntual, el mensaje central del fallo es generar conciencia sobre la magnitud ecológica que implica la muerte de un yaguareté y otras especies protegidas.
Los defensores de los imputados consideraron que el acuerdo alcanzado es equilibrado y justo, valorando la formalización de la pena mediante el juicio abreviado.
Cómo se descubrió el delito
El expediente se inició tras la denuncia de una representante de Formosa ante la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y el Comité General de Gestión del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté. La denunciante informó que el 27 de julio de 2024 recibió fotografías y audios por WhatsApp que mostraban a un yaguareté muerto, aparentemente abatido con armas de fuego.
Las imágenes evidenciaban al animal colgado de patas sobre una estructura de madera, eviscerado y degollado, mientras tres hombres aparecían sonrientes junto a él. Este material inicial permitió orientar la investigación y localizar a los responsables.
Investigación y detenciones por el asesinato del yaguareté
La Policía implementó operativos para identificar a las personas involucradas y el lugar donde se encontraban los restos del animal. Mediante estas diligencias se logró reconocer a M.C. y ubicar su domicilio. El 29 de julio de 2024 se realizó un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, donde M.C. intentó escapar, pero fue detenido.
Durante el operativo, los efectivos recolectaron muestras de pelos del yaguareté. Posteriormente, se identificó al resto de los implicados en la caza, quienes fueron arrestados, imputados y finalmente condenados.
Educación y prevención como parte de la sentencia
Como parte del acuerdo judicial, se incluyó la realización de una capacitación sobre la protección legal del yaguareté y de la fauna local. La actividad se desarrollará en un establecimiento cercano a los domicilios de los condenados y estará abierta al público. Esta medida busca reforzar la conciencia sobre la importancia de conservar especies en peligro de extinción y comprender las consecuencias de la caza ilegal.
La resolución establece un precedente en el país: aplicar penas de cumplimiento efectivo para delitos contra especies protegidas no se había hecho hasta ahora, y evidencia un esfuerzo por vincular la sanción penal con la educación ambiental. Organizaciones ambientalistas locales, como Greenpeace Argentina, e internacionales, celebraron el histórico fallo.