Así impacta la minería ilegal en la Amazonía venezolana: 66 mil hectáreas afectadas

La devastación causada por la minería ilegal en la Amazonía venezolana está alcanzando niveles alarmantes, con una cifra estimada de casi 66 mil hectáreas afectadas, según un informe reciente de la organización SOS Orinoco. Este fenómeno no solo está vinculando el deterioro ambiental con la expansión minera, sino también amenaza gravemente la biodiversidad y los derechos humanos en la región.

Alcance de la minería ilegal

Un análisis realizado por SOS Orinoco revela que la minería a cielo abierto ha degradado cerca de 65.985 hectáreas en los estados Amazonas y Bolívar, ubicados al sur de Venezuela. Este avance desenfrenado de la actividad minera ha sido identificado como el principal responsable de la deforestación acelerada en la región. La ONG subraya que esta destrucción está concentrada al sur del río Orinoco, un recurso hídrico crucial no solo para el país sino también para el ecosistema amazónico en su conjunto.

La organización también alerta sobre el impacto directo en los hábitats naturales, donde la fragmentación y desaparición de espacios ecológicos enteros son cada vez más comunes. Este daño ambiental también está alterando las condiciones de vida de la fauna, obligando a las comunidades indígenas cercanas a las minas a recorrer mayores distancias para cazar, un reflejo de la grave disminución de especies animales.

Impacto en las comunidades indígenas

El informe “Minería ilegal de oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía”, elaborado en colaboración con otras cinco organizaciones de países amazónicos, destaca que las comunidades indígenas han sido particularmente afectadas por la minería ilegal. Prácticamente todas las etnias de la Amazonía venezolana enfrentan los efectos de esta actividad.

SOS Orinoco denuncia que la llegada de mineros y grupos armados está vulnerando los derechos territoriales de estas comunidades, ya frágiles por la falta de una delimitación y protección adecuadas por parte del Estado. En respuesta, algunas comunidades han tomado medidas autónomas para defender sus territorios, formando grupos de autodefensa o guardias que buscan frenar la invasión.

Aumento alarmante de la violencia

Desde 2017, varios municipios del estado Bolívar han experimentado un notable aumento en los índices de violencia, según el informe de la ONG. Las muertes violentas están directamente relacionadas con el auge de la minería ilegal, lo que resalta el costo humano de esta actividad descontrolada.

La situación es especialmente crítica en las zonas fronterizas con Brasil, donde la minería ilegal no solo impacta el medio ambiente, sino también pone en riesgo la seguridad de las comunidades locales. Estas condiciones han intensificado las tensiones en una región ya vulnerable.

Medidas urgentes y recomendaciones

SOS Orinoco y las organizaciones colaboradoras instan a tomar medidas inmediatas para mitigar el impacto de la minería ilegal. Entre las acciones propuestas está la necesidad de prevenir actividades que sigan causando graves daños al medio ambiente y que comprometan la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.

Las recomendaciones también incluyen hacer un llamado a los gobiernos de la región, incluido el de Venezuela, para que adopten políticas públicas con un enfoque centrado en los derechos humanos. Estas políticas deberían estar orientadas a fiscalizar y erradicar la minería ilegal, promoviendo a su vez medidas de seguridad para las comunidades indígenas y locales.

Respuestas oficiales

En junio pasado, Nicolás Maduro reconoció públicamente la existencia de mafias dentro del sector minero, así como las prácticas destructivas que lo caracterizan. Además, manifestó que Venezuela debe establecer un modelo de minería ordenado, que sea productivo y ecológicamente sostenible.

Sin embargo, las palabras del mandatario contrastan con la realidad que vive la Amazonía venezolana, donde los esfuerzos estatales para combatir la minería ilegal han sido insuficientes. Las organizaciones ambientalistas del mundo, como Greenpeace, subrayan que solo mediante acciones concretas es posible detener la devastación de los bosques del mundo.

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