El aumento de tráfico de pumas en territorio argentino en paralelo y contraposición al gran trabajo del proteccionismo local. El complejo cuadro normativo local, la proliferación de los criaderos y un contexto cultural que requiere un abordaje integral para revertir esta costumbre arraigada en un sector de la sociedad.
El tráfico de pumas en Argentina es una problemática para la cual los especialistas no encuentran soluciones. La paradoja es que, al mismo tiempo, la nación es una de las más comprometidas de la región en cuanto a la preservación de especies en general y de esta en particular.
La situación es compleja por un entramado de cuestiones. Sobre el tema convergen la cultura de la caza territorial, la falta de decisión política y la normativa inexistente o confusa.
En medio de todos estos puntos hay un factor que entorpece cualquier tipo de plan de acción: la falta de datos reales. Importantes organizaciones ambientalistas han denunciado que los departamentos oficiales gubernamentales se niegan a comunicar cifras y estadísticas actuales.
Ya sea por ocultamiento o, lo que sería aún peor, porque no hay un panorama real, lo cierto es que hay mucha desinformación sobre el tráfico de pumas.
En cualquier caso, todo este entramado tiene por detrás una serie de negocios y lucros sobre los cuales hay demasiados intereses en juego.
Si bien no es la única variedad típica de la fauna local que es comercializada ilegalmente, el puma tiene circunstancias ambiguas. La recuperación de especímenes y el nacimiento de nuevas crías suele ser una buena noticia en los foros ambientalistas.
Mientras tanto, la cultura del trofeo como producto de la práctica de la caza, aún cuando es ilícita, no se repliega.
Según los informes distribuidos por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la gran mayoría de las veces el Estado llega tarde. Esto significa que hay más incautación de cueros, pieles y cabezas que de animales vivos con posibilidades de recuperación.
Además, el registro se centra en el territorio argentino y no contempla los episodios detectados una vez que el traslado se interceptó del otro lado de las fronteras.
El puma representa parte de la identidad argentina con una fuerte impronta en la historia cultural. Desde hace más de dos décadas la ciencia y el activismo ambiental se dedican a trabajar por su recuperación.
Uno de los espacios en los que más y mejor han trabajado los protectores de la fauna es en el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Allí se dispuso un sistema de monitoreo para obtener información específica sobre los circuitos realizados por los pumas.
En el año 2024 voceros del predio confirmaron el aumento de la cantidad de miembros de la comunidad de pumas. Esta verificación se logró gracias a la observación mediante las cámaras trampa.
Al mismo tiempo, los referentes comunicaron su temor porque esta ampliación de la población llegue a oídos de cazadores y que estos se acerquen por nuevas capturas.
Tráfico de pumas y criaderos clandestinos
El escenario de tráfico de pumas se complejiza aún más con presencia y cuantitativo de criaderos.
Al respecto, las organizaciones ambientalistas revelan que es otro aspecto del problema casi imposible de controlar. El motivo es la falta de uniformidad de políticas en cada uno de los distritos nacionales.
En algunos puntos geográficos de Argentina directamente no existe prácticamente sistema de control de fauna. De igual modo, tampoco hay en esos sitios una forma eficiente de validar datos ni hacer relevamientos.
Lo cierto es que tanto la caza como la cría ilegal tienen un mismo fin que es la comercialización clandestina. Esta práctica se perpetúa sólo por la consideración del puma como trofeo en ciertas culturas.
La Fundación Internacional por el Bienestar Animal, también mencionada como IFAW confirmó en 2016 al país cómo décimo exportador de ejemplares. Durante el transcurso de la siguiente década otras organizaciones difundieron que la nación habría ascendido al séptimo lugar en el ranking de comercialización ilícita de estos animales.
Un dato fundamental sobre el tráfico de pumas es que se trata de delitos que no reciben el tratamiento penal que correspondería. Así lo refieren los expertos y este es el eje de una problemática sobre la cual aún hay mucho para trabajar.