El cambio climático como problemática global requiere decisión política. Sin embargo, en el caso del cuidado de los bosques en distintos puntos del planeta es una deuda pendiente que no encuentra respuesta.
Las consecuencias de la falta de legislación, o del incumplimiento de la misma, la gran mayoría de las veces son irreversibles o llevarán décadas de recomposición. Por esta razón, desde diferentes sectores, expertos en biodiversidad, ambientalistas y voces de la misma sociedad civil mantienen vigente el reclamo.
Existen algunos casos en los cuales la tensión entre los dirigentes y el resto de las clases sociales está en proceso hacia un desenlace que puede ser determinante. Mientras tanto, se sabe que los índices de altas temperaturas están en lo más alto del registro histórico. Por estas y otras consecuencias de la deforestación, las comunidades aguardan un gesto político…
Argentina y el desfinanciamiento de los fondos reservados para el cuidado de los bosques
En Argentina existe desde el año 2007 la Ley 26.331 llamada de “Presupuestos Mínimos para la Conservación de Bosques Nativos”. La normativa establece que debe existir un fondo, el cual debe recibir el 0.3% del presupuesto nacional con el fin de financiar la sostenibilidad del ecosistema.
En principio, desde distintos sectores denunciaron que nunca se cumplió lo que establece el cuerpo legal. Por esa razón, en el 2018 se dio lugar a un fondo fiduciario que permitiría conservar el valor de los recursos asignados.
Desde 2024 la situación empeoró y solo se asignó el 10% de lo convenido. Por tanto, las provincias se manifestaron en situación de alerta ya que resultaría inviable cumplir con los planes de trabajo para la conservación ambiental. Desde luego, esto también afecta a las comunidades regionales que dependen del ecosistema de los bosques.
Por una parte, desde que se inició la gestión del actual presidente Javier Milei dejó de existir como tal el Ministerio de Medio Ambiente. Dicha cartera pasó a formar parte del Ministerio del Interior. Por otro lado, un reciente decreto determinó la eliminación del “Fidecomiso del Fondo de Bosques Nativos”.
Dadas las circunstancias ya son más de 30 las Organizaciones no Gubernamentales que se alzaron en rechazo de la falta de medidas para el cuidado de los bosques. A ellos se sumaron varios gobiernos provinciales que intentan sostener, aún con dificultad, la protección del ambiente.
México, cuando la crisis ambiental afecta los derechos humanos
El caso de la comunidad que residía en la colonia El Bosque, en el municipio de Centla, en Tabasco, recorrió las noticias en todo el mundo. A causa de las consecuencias de la crisis climática sus casas fueron arrasadas por el crecimiento del mar y, por lo tanto, debieron ser reubicados.
Se trata de 150 habitantes que reclaman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideración por su condición de “desplazados climáticos”. Acompañan su pedido algunas de las organizaciones ambientales más reconocidas como GreenPeace.
El arrasamiento de la población comenzó en el año 2017 y continuó, de ahí en más, hasta la actualidad. De hecho, fuentes locales aseguran que de las 90 casas locales quedan en pie menos de 15.
Los habitantes de El Bosque aseguran que los hechos sucedidos son consecuencia directa de episodios que datan del año 2007. En ese momento se registró la explosión de una plataforma petrolera en el Golfo de México. Este siniestro generó un desastre ambiental en la zona con efectos colaterales en cadena.
Hechos como este dan cuenta de que el cuidado de los bosques es una cuestión que atraviesa toda la agenda política. Temas como la regulación de las industrias también es un punto central en esta problemática.
Perú
En Perú se registran varias iniciativas con el propósito de incentivar y promover las medidas para la protección del medio ambiente. En este sentido, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos advierte que la Constitución de dicho país da estatus de prioridad al tema y, por tanto, las leyes deben acompañar lo que dice la carta magna.
Por esta razón, la entidad educativa pone en aviso que el Congreso peruano ha realizado modificaciones sobre una legislación que resulta, a su parecer, impropia. Se trata de la Ley “Forestal y de Fauna Silvestre” bajo el número 297.563. Esta normativa está dirigida a proteger la biodiversidad y los derechos de las poblaciones regionales indígenas.
Según declara el Instituto en un informe entre las consecuencias de esta alteración se encuentran los siguientes perjuicios desde el punto de vista del Derecho Internacional:
- Vulneración de los derechos humanos
- Obstrucción del derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible
- Alteración de los derechos adquiridos por las poblaciones indígenas
- Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales
Cabe destacar que la situación del cuidado de los bosques de Perú es crítica. A propósito, según un reporte reciente Naciones Unidas, a la fecha se ha perdido gran parte de las zonas forestales a causas de los cultivos no regulados.