La decisión de la Corte Suprema que cambia el destino del Parque Nacional Calilegua. Porque este espacio natural es tan importante y la historia de su judicialización. Lo que establece la resolución y quienes son los actores involucrados.
La noticia de la resolución judicial sobre el Parque Nacional Calilegua fue celebrada en todos los foros ambientalistas.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia dispuso una condena hacia el Estado de la Nación de Argentina. Además, el dictamen se hizo extensivo al gobierno de la provincia de Jujuy y a las empresas petroleras que operan en el lugar.
Gracias a la presión de las asociaciones comunitarias y a las organizaciones en defensa del medio ambiente ocurrió lo que hoy se considera un fallo histórico. Mucho tuvieron que ver los trabajadores del predio y también los vecinos y familias nativas, todos bajo el mismo lema de preservación de la naturaleza.
De este modo la justicia dispuso un impedimento para la explotación de petróleo dentro del Parque Nacional Calilegua. Así se priorizó la conservación de la biodiversidad y de las especies en peligro de extinción, tal el caso del yaguareté, entre otras.
Las dos compañías fueron conminada a detener sus actividades de inmediato. Se trata de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal (J.H. S.A.U.).
El escrito incluye la intervención del estado provincial para poner límite al usufructo privado de un terreno que queda reservado para las comunidades y a la naturaleza.
Pero, además, se incluyó un apartado especial sobre recomposición ambiental. Al respecto se hace mención al yacimiento Caimancito, con ubicación específicas en las zonas del Río Colorado.
Los organismos a cargo de la supervisión de las obras son la Administración de Parques Nacionales en colaboración con la colaboración de la Secretaría de Energía de la Nación.
En relación a los tiempos se precisan como la fecha límite para cumplir con lo dispuesto en sede judicial se fijó el 31 de diciembre del año 2030. En concreto, en los próximos 5 años ambas empresas, con el seguimiento de los organismos correspondientes, deberán reparar las áreas afectadas.
Pero ¿Qué dice este fallo histórico sobre la responsabilidad específica que tiene el Estado Nacional por el desastre ambiental ocurrido en el Parque Nacional Calilegua? Sobre esto la cita expresa la obligatoriedad de responder de manera solidaria.
Con estas decisiones el máximo tribunal obliga a las autoridades nacionales y provinciales a colaborar en el proceso de recuperación del parque. Si bien hay instituciones específicas que deberán llevar la tarea, queda claro que se subraya el peso de las decisiones políticas.
Esta medida sienta un precedente y marca un antes y un después en un territorio que estuvo desprotegido por años. También es un signo del peso de la lucha colectiva en un caso emblema de contaminación socio ambiental.
Acerca del Parque Nacional Calilegua
El Parque Nacional Calilegua existe desde el año 1979 y cuenta con más de 76 mil hectáreas.
Se trata de un predio de una gran riqueza en cuanto a biodiversidad. A lo largo de su superficie viven más de 120 especies entre animales mamíferos y anfibios.
En cuanto a la vegetación un centenar de variedades crecen de forma silvestre entre las que se encuentran bromelias, orquídeas, enredaderas y más.
El cuidado del Parque Nacional Calilegua es trascendental para evitar potenciales peligros de extinción. De hecho, casos especiales como el yaguareté o el águila poma se encuentran en el foco de los investigadores por condiciones de vulnerabilidad.
Ya en el año 2015 la justicia de Jujuy intervino en el lugar. Primero fue a partir del otorgamiento de concesiones para la explotación de hidrocarburos que se iniciaron denuncias.
Tanto el personal del parque como las poblaciones nativas en conjunto con organizaciones ambientales reclamaron ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Así comenzó una campaña que llevó más de diez años hasta la actual sentencia. Los reclamos incluyeron la adhesión mediante firmas de más de 270 mil ciudadanos y ciudadanas.
A partir del año 2018 se produjo la suspensión de la afección del Yacimiento Caimancito hasta nuevo aviso. Fue en el año 2019 que el bloque de organizaciones ambientales junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas hizo la presentación ante la Corte.