Los detalles del cambio de legislación nicaragüense que generaron debate por la habilitación de usos comerciales a las áreas protegidas. Las voces del ambientalismo y las principales críticas a la postura del gobierno.
Las áreas naturales de Nicaragua entraron en zona de conflicto tras algunas decisiones tomadas por el poder ejecutivo.
Para dar margen a ciertas actividades claves para la economía del país como lo son la minería y la industria agro-ganadera se introdujo una modificación en la legislación.
En concreto, el gobierno de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zembrana impulsó normativas a favor de una administración sostenible de las áreas naturales.
Muy pronto comenzaron las críticas por parte de sectores ambientalistas en relación al daño que esto provocará en el ambiente.
Pero, además, organismos de derechos humanos se alzaron contra las iniciativas gubernamentales ya que alegan violaciones a los derechos humanos. Sucede que no se contemplaron en los cambios la autonomía de las comunidades originarias sobre los territorios que habitan.
La nueva reglamentación aprobada en abril se llama Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Tal y como fue presentada por la dupla presidencial fue aprobada por la Asamblea Nacional.
Pero eso no fue todo ya que pocos días después se emitió un decreto que generó aún más controversias. Bajo esta nueva decisión se eliminaron las consultas públicas para la utilización de las áreas naturales.
Esto significa que el anterior sistema de evaluación ambiental que otorgaba los permisos para explotar las zonas en cuestión dejó de tener vigencia.
Mientras se espera si habrá nuevas actualizaciones las denuncias por lo acontecido hasta el momento no tardaron en llegar.
Referente en ambientalismo y derechos humanos alzaron su voz en contra de las políticas públicas del gobierno en torno a las áreas naturales. Alegan daños contra los ecosistemas y también un gran perjuicio para las poblaciones nativas.
En relación a los puntos de dolor concretos de las alarmas generadas por estos sectores se rechaza la posibilidad de obtener recursos naturales por parte de las industrias. Los sectores señalados son minería e hidrocarburos entre otros y lo podrán hacer en 76 áreas naturales de todo el territorio nicaragüense.
Como si todo esto fuese poco, también se habilitó la opción de casa y pesca de fauna silvestre. El argumento es una finalidad de subsistencia lo cual, desde luego, generó aún más rechazo.
Las principales objeciones de la explotación de áreas naturales en Nicaragua
Sobre los efectos negativos de la nueva ley en relación a las áreas naturales una de las principales voces en alza fue la de Fundación del Río. El concepto que subrayan los ambientalistas es el de degradación ambiental y hablan de un riesgo generalizado para todas las especies y a la biodiversidad.
Puntualmente se apunta contra la minería como la principal causa de destrucción territorial. Esta actividad siempre perjudica a los bosques, pero, para el caso de las superficies protegidas, hay mucho más en juego.
Un dato fundamental que remarcan los referentes de Del Río es que Nicaragua viene en lucha contra la deforestación desde hace décadas. En este sentido, el Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción en un equipo conformado con la ONG Hagamos Democracia ofrece datos contundentes:
- 76 por ciento de territorio cubierto por vegetación promedio el siglo XXI
- 42 por ciento en el año 2000
- 25 por ciento en el 2020
El punto central de estas estadísticas es que los principales niveles de desmonte se dieron justamente en las áreas naturales.
El promedio de arrasamiento de los bosques es de 150 a 170 mil hectáreas anuales y la degradación de los suelos va en manos de los modelos de minería y agricultura.
Respecto al futuro, todas las voces autorizadas coinciden que la terminología utilizada en el cuerpo legal es, por lo menos, confusa. Nadie sabe a que refiere el texto con el concepto uso racional y, mucho menos, quien determina que lo es y que no.
Tampoco está claro quién ni cómo se realizará la regulación sobre los mapas de las zonas en debate.
Vale mencionar que uno de los sitios que queda en medio de esta discusión pública es ni más ni menos que la Reserva de la Biosfera de Bosawás. Se trata de una selva tropical considerada como una de las más grandes de Latinoamérica.