En medio de incendios, desmontes y preocupación por el cambio climático, el presidente Javier Milei eliminó los fondos asignados por decreto para proteger el bosque nativo que aún queda en pie. Organizaciones dedicadas al medio ambiente alertan que se trata de una medida anticonstitucional.
Durante los últimos tres meses, los incendios destruyeron 80.000 hectáreas en Córdoba y se desmontaron 60.000 hectáreas de bosque nativo. En este contexto, el gobierno de Javier Milei disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) y el Fondo Nacional de Emergencias mediante el decreto 888/2024 tras la aprobación de la Ley Bases.
La medida significa la anulación implícita de un importante capítulo de la Ley de Bosques, considerado como el corazón de la ley y el inicio de su desfinanciamiento. El cierre fue ordenado debido a supuestas “ineficiencias en su implementación”.
¿Qué es un fondo fiduciario?
Un fondo fiduciario implica que una persona o entidad delegue la gestión de ciertos activos a otra parte, con la finalidad de que los administre en beneficio propio o de un tercero. Estos recursos podrían ser de origen público (por ejemplo, generados dentro del ámbito gubernamental) o convenidos entre particulares (como cuando alguien delega la gestión de sus activos a otra persona).
En el caso de los fondos públicos, el Estado transfiere la gestión de los fondos a una entidad, típicamente un banco público como el Banco Nación, para que los administre según una política pública específica, como la entrega de subsidios o la realización de una obra.
En definitiva, los fideicomisos son una herramienta que se puede emplear en el sector público y privado para financiar gastos específicos, garantizando que los fondos se destinen a un objetivo concreto y no se desvíen a otros fines.
¿Cuál era la función de los fondos eliminados?
Estos fondos regulaban la combinación de estímulos públicos y privados para conservar los bosques nativos en todas las provincias. Según el artículo 30 de la Ley de Bosques, el fondo tenía como objetivo compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que ofrecían.
Para financiarlo, se debía utilizar principalmente la asignación del Presupuesto Nacional, que no podía ser inferior al 0,3% del presupuesto total, y también el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, ganadería y sector forestal, el principal responsable del desmonte.
El 70% del presupuesto se destinaba a compensar a los propietarios de tierras con bosques nativos, mientras que el 30% se destinaba a la autoridad provincial para monitorear y mantener los bosques nativos. Además se consideraba la puesta en marcha de programas de ayuda técnica y económica socioambiental.
Funciones específicas de cada fondo eliminado
Fondo Nacional de Emergencias
Durante la gestión de Mauricio Macri en 2016, se estableció el Fondo Nacional de Emergencias mediante la aprobación de la Ley 27.287, con la finalidad de sufragar y llevar a cabo las medidas de respuesta para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
En el comunicado de disolución, el Gobierno de Milei menciona un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que indicó que el fondo “nunca estuvo en funcionamiento” y que desde la firma del contrato de fideicomiso hasta ahora, “nunca se le asignó un presupuesto adecuado para su propósito original”.
De acuerdo con información de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Fondo Nacional de Emergencias no habría tenido gastos en el 2023 ni en el primer semestre de 2024, ya que solo se activa en caso de emergencia.
Fobosques
El Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosques), establecido en 2018 tenía como objetivo gestionar la correcta administración de el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos constituído a partir de la aprobación de la “Ley de Bosques”. A su vez, contemplaba las acciones de protección de los bosques de acuerdo con el compromiso del Estado expresado en el Acuerdo de París.
Ese fondo estaba financiado por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones primarias y secundarias del sector agrícola, ganadero y forestal. El Gobierno indicó que esto no fue confirmado en los presupuestos de 2021, 2022 y 2023, y que además la SIGEN encontró “fallos en los registros y falta de indicadores claros sobre la gestión”.
Durante el primer semestre de 2024, el Fobosques generó $4.219 millones en ingresos corrientes, sin embargo sólo utilizó $321 millones (en bienes y servicios y otros gastos), lo que representa el 7,6% de sus recursos. En el año 2023, el Fobosques también registró un balance financiero favorable al obtener ingresos de $12.711 millones y tener gastos por $4.819 millones.
¿Qué significa su eliminación para Argentina?
Argentina no podrá contar con recursos para recompensar a las provincias y a los particulares que protegen los bosques nativos, poniendo en grave peligro la biodiversidad y los medios de vida de quienes dependen de estos ecosistemas.
La creación de los fondos tuvo como finalidad brindar transparencia sobre el destino de los fondos de la Ley de Bosques, los cuales ahora pasarán a ser nuevamente de uso discrecional del Poder Ejecutivo.
Según organizaciones protectoras, es una medida que va en contra del progreso y no respeta la constitución. Perjudica los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, tanto de manera directa como indirecta. También agregan con preocupación que quitar esos recursos deja en claro que no se financiará una política para conservar el bosque nativo.
Existe la posibilidad de que las provincias empiecen a reducir la aplicación de la Ley de Bosques si disminuye el financiamiento. Actualmente, el 80% de los bosques se consideran áreas donde no está permitido talar, según la normativa. Bajo el pretexto de la falta de fondos, es posible que las provincias no lo apliquen de manera estricta.
Al mismo tiempo, Argentina se aleja cada vez más del cumplimiento de su adhesión al Acuerdo de París, luego de que también el presidente rechazara la incorporación del país al Pacto Futuro de la ONU (que ratifica los acuerdos globales para hacerle frente al cambio climático). De esta manera, el negacionismo del Gobierno posiciona a Argentina en la mira del mundo por el grave retroceso en materia ambiental, teniendo tantos ecosistemas por proteger.