A pesar de la sanción de la Ley de Bosques en el año 2007, Argentina atraviesa una crisis forestal apremiante. En la actualidad, más de la mitad de los desmontes que se llevan a cabo en el país se realizan de manera ilegal. Esto demuestra que las multas no son demasiado duras para disuadir a los infractores, que en muchos casos suman los montos de las sanciones a sus presupuestos.
Pero además, existe una desidia por parte de las autoridades encargadas de controlar que los desmontes ilegales en áreas protegidas no ocurran. Si a esto se suman los incendios forestales, provocados en un 95% de las veces por acciones humanas negligentes, queda claro que es necesario tomar medidas más férreas para proteger los bosques nativos.
Así lo entendió la organización ambientalista Greenpeace, que a principios de este año lanzó una consulta popular para preguntarle a la sociedad si estaba a favor de sancionar a los incendios forestales y a los desmonte ilegales como delitos penales.
¿Cuál fue el resultado? Más de 260 mil argentinos consideraron que los empresarios y ciudadanos que lleven a cabo esta clase de crímenes ambientales, y los funcionarios que hagan la vista gorda y permitan que se comentan, deben ser castigados con penas de cárcel.
Los bosques nacionales en riesgo
En la provincia de Salta se encuentra el desmonte ilegal más grande del país. Allí, el empresario y terrateniente Juan José Karlen acabó de forma ilegal con un bosque nativo de una superficie mayor a la de media Ciudad de Buenos Aires. ¿Recibió alguna multa? No. Y tampoco fue capaz de cumplir con lo que indica la Ley de Bosques: restaurar las cerca de 12 mil héctareas desforestadas. Esto demuestra que Karlen cuenta con la complicidad de los funcionarios salteños para destruir el patrimonio nacional.
Mientras tanto, en Chaco, los empresarios Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolini, dueños de la estancia Monterrey, acabaron ilegalmente con más de 1800 hectáreas de bosques nativos. Esta estancia se encuentra en áreas protegidas por la Ley de Bosques, por lo que su desmonte es una muestra más de la impunidad con la que se manejan los más poderosos.
En la Patagonia, los incendios forestales son una amenaza creciente para los bosques andinos. En solo 10 años, el fuego ha devastado 80 mil hectáreas (4 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires). En muchos casos, son causados por la negligencia, pero en muchos otros son intencionalmente provocados por las empresas que buscan plantar pinos.
Algo parecido sucede en Misiones, donde la empresa forestal chilena Arauco ha destruido la Selva Paranaense, reemplazándola con plantaciones de pino. Esta corporación posee vastas extensiones de tierra en la provincia, muchas de las cuales eran áreas de vegetación nativa antes de ser desmontadas.
La importancia de los bosques para los argentinos
Los bosques nativos albergan a una invaluable variedad de especies vegetales y animales. Esto los convierte en refugios para la biodiversidad del país. Pero además, para muchas familias campesinas e indígenas, representan su hogar y poseen un valor cultural irremplazable. Y aunque son mucho más que meras fuentes de recursos naturales, de ellos provienen muchos de los alimentos, maderas y medicinas esenciales para los ciudadanos argentinos. Pero más allá de su riqueza natural, los bosques juegan un papel crucial en la regulación del clima, lo que los convierte en una pieza fundamental en la lucha contra el cambio climático. De hecho, su destrucción es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que en ellos se almacena lo que los científicos llaman “carbono verde”, es decir, el dióxido de carbono absorbido por los árboles.
Por si esto no fuera suficiente, cuando se deforestan los bosques, aumenta el riesgo de que ocurran inundaciones. Esto sucede porque los bosques absorben el agua de lluvia hasta 10 veces más que, por ejemplo, los terrenos sembrados con soja. Asimismo, los desmontes que llevan a cabo las empresas agrícolas o ganaderas (para luego vender sus productos en China o Europa) degradan los suelos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país a corto y largo plazo.
La impunidad ambiental del sistema judicial argentino
A pesar de todo lo que los bosques nativos representan, se calcula que en nuestro país se pierde una hectárea de ellos cada 2 minutos. Esto es equivalente al tamaño de ¡30 canchas de fútbol cada hora! Pero lo que es aún más indignante es que la mayoría de los culpables no enfrenta ninguna consecuencia por sus crímenes. En muchos casos, la justicia ni siquiera investiga a los responsables.
Esto demuestra cómo para las autoridades argentinas, la protección del medioambiente no es una prioridad. Increíblemente, el sistema penal actual castiga de forma más severa a quienes cometen delitos menores, como pintadas en protestas, que a quienes devastan los bosques. Por todos estos motivos, es hora de que el Congreso de la Nación tome en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos e imponga penas más severas para quienes atentan contra el medioambiente.