Aunque es esencial para la transición ecológica y para la comodidad de los residentes, la renovación energética de las viviendas va con retraso en muchos países, incluso de Europa. El objetivo es conseguir por fin que los propietarios se comprometan a una renovación integral de sus viviendas.
Luchar contra la precariedad económica y medioambiental mediante la renovación es clave, también para revertir una situación de crisis climática y escasez de zonas naturales protegidas.
En las viviendas más precarias, el verano se convierte en un auténtico infierno para sus habitantes, que sufren psicológica y físicamente el calor extremo.
Las olas de calor de 2022 habrán causado más de 61.000 muertes en Europa. En invierno, además del frío que se filtra por las paredes y las viejas carpinterías, es el bolsillo de los hogares el que sufre las consecuencias.
Calentar las habitaciones de una casa en plena crisis energética resulta caro cuando es imposible contener el calor producido dentro del edificio.
El sector de la construcción es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que representa casi “el 48% del consumo de energía y el 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y dos tercios de estas emisiones proceden de las viviendas.
La renovación es, por tanto, un paso esencial, ya que permitirá acercarnos a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero fijados como objetivo por acuerdos internacionales. Además, la renovación es también una forma de ahorro para el Estado.
La pobreza energética es un triple reto: medioambiental, económico y de salud pública. Tres retos que no harán sino agravarse, dada la crisis medioambiental.
Pero a pesar de la crisis energética, de la que se viene hablando desde hace más de un año, la renovación de viviendas sigue siendo demasiado lenta.
Las futuras leyes destinadas a frenar la expansión urbana limitarán progresivamente la capacidad de las autoridades locales para construir nuevas viviendas. Tendrán que hacer malabarismos entre la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación de terrenos abandonados y la renovación de viviendas antiguas para evitar en la medida de lo posible la artificialización de nuevos espacios naturales, una de las principales causas de la desaparición de la biodiversidad.
En 2050, fecha fatídica fijada por la comunidad científica para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad en carbono, “dos tercios de la superficie edificada estarían relacionados con viviendas nuevas, y el 80% de las viviendas en 2050 ya estarían construidas.
En otras palabras, la inmensa mayoría de las viviendas ya están construidas. Por tanto, la mayor parte del esfuerzo debería centrarse en la renovación, no en la construcción de nuevas viviendas “verdes”.
Pero el paso de la teoría a la práctica no es tan sencillo. Para bajar la emisión de gases habrá que renovar 370.000 viviendas solo en países como Francia y aunque los datos son aún muy imprecisos, se calcula que allí sólo se renuevan entre 50.000 y 100.000 viviendas al año.
Entonces, ¿qué está retrasando las cosas?
Propietarios que aún no se han comprometido con la renovación energética, y obras que resultan costosas.
Este bajo nivel de renovación demuestra que los propietarios son reacios a realizar obras importantes en sus casas, como el aislamiento o el cambio de fuente de calefacción (de gasóleo a electricidad, por ejemplo).
No sólo es caro -varios miles de euros para una renovación completa-, sino que también lleva mucho tiempo y es incómodo para los residentes mientras se llevan a cabo las obras.
A pesar del despliegue de herramientas de ayuda a la renovación para los hogares más modestos, la dificultad de acceso, los procedimientos enrevesados y los fraudes dificultan una ayuda eficaz para las obras de gran envergadura.
Así que los propietarios optan por una política de pequeños gestos. Renovaciones que la comisión de investigación del Senado califica a menudo de “muy parciales” e incluso “contraproducentes”. Menos del 10% de las 650.000 solicitudes de ayuda MaPrimeRénov en 2021 y 2022 habrían sido para una renovación integral.
Por lo tanto, el objetivo es acelerar el ritmo haciendo que las herramientas actualmente en vigor (MaPrimeRénov, Diagnóstico de Rendimiento Energético (DPE), Certificados de Ahorro de Energía (CEE)) sean más eficaces, con el fin de motivar a los propietarios a renovar sus hogares y ayudar a los hogares más vulnerables a llevar a cabo el trabajo.
Pero la renovación también conlleva obligaciones. A partir de 2023, estará prohibido alquilar viviendas con un consumo de energía final superior a 450 kWh/m²/año, a menos que se realicen obras de aislamiento. También se congelarán los alquileres de las viviendas calificadas F y G. El Gobierno francés prevé prohibir las viviendas calificadas G a partir de 2025, las calificadas F en 2028 y las calificadas E en 2034.
Cada país tiene sus especificaciones y situación, pero basta mirar un país desarrollado europeo para medir la evolución del tema, y las cifras son alarmantes.