La situación más crítica se encuentra en Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilícitos.
Se calcula que la deforestación en la Argentina es responsable de la pérdida de una hectárea de bosques cada 120 segundos. O para explicarlo en términos bien futboleros, que en el país campeón del mundo se desmontan 30 canchas de fútbol repletas de árboles cada hora. Este alarmante incremento ocurrido durante el primer semestre de 2023, es una nueva muestra de cómo la deforestación, y en especial el desmonte ilegal, continúa siendo una amenaza latente en la región.
El Chaco argentino, ocupa un lugar de privilegio en Latinoamérica. Su extensión y biodiversidad lo convierten en el segundo pulmón verde más grande del continente, solo detrás de la mundialmente reconocida Selva Amazónica. Pero tal como sucede con la Amazonía en Brasil, esta región de la Argentina está bajo la constante amenaza de ambiciosas empresas multinacionales que buscan obtener ganancias sin preocuparse por las terribles consecuencias que su codicia produce en el medioambiente.
Solo en los primeros 6 meses del año, y ante la nula acción del gobierno por protegerla, la zona del Gran Chaco ha perdido más de 50 mil hectáreas de bosques. Se trata de una superficie cuya extensión supera, por ejemplo, a la de países como Andorra, Curazao o Seychelles. Estas cifras, provistas por la organización ambientalista Greenpeace y confirmadas por los gobiernos provinciales de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, evidencian que la deforestación en el país no para de crecer.
Los desmontes, provincia a provincia
Con más de 24 mil hectáreas, la provincia de Chaco es la que mayor pérdida de bosques ha padecido en el semestre. Este número no solo es aterrador porque supera ampliamente al total deforestado durante 2021 y 2022, sino también porque los especialistas advierten que si se sostiene este ritmo de desmonte podría alcanzarse la espeluznante cifra de ¡120 mil hectáreas anuales!
En el resto de las provincias que conforman el Gran Chaco en Argentina la situación no es muy distinta. La pérdida de bosques en Santiago del Estero supera las 19 mil hectáreas. En Formosa el número de hectáreas destruidas durante los primeros 6 meses del año fue de más de 5800. Mientras que en Salta la cifra ascendió a 2234.
De 2019 a esta parte, el país vio cómo las empresas forestales, agrícolas y ganaderas arrasaban con cerca de 600 mil hectáreas de bosques nativos. Y solo durante 2022 el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, creado para denunciar la tala y quema de árboles no autorizadas, recibió más de 15 mil alertas, que dejaron como consecuencia más de 400 mil hectáreas deforestadas.
Excusas, excusas, excusas…
De manera absurda, las autoridades gubernamentales de Chaco atribuyeron estos números abrumadores a una medida cautelar que, a fines de 2020, prohibió la tala de árboles en esa provincia. En lugar de hacerse cargo de su propia negligencia y falta de acción para frenar los desmontes ilegales, sostienen que el fallo judicial que interrumpió la tramitación de permisos, propició el incremento en la pérdida de bosques.
La información que prefieren omitir es que el gobierno provincial cuenta con la infraestructura y el personal necesario para detener a quienes violan la ley. Incluso existe un sistema de alerta creado específicamente para denunciar estas infracciones que ha recibido más de 2900 acusaciones. Pero evidentemente, los encargados de evitar que las grandes maquinarias destruyan los bosques nativos no están haciendo bien su trabajo.
La campaña nacional anti desmontes
En un intento burdo por frenar la deforestación y los desmontes ilegales, en julio de 2023 el gobierno chaqueño duplicó las penas monetarias a quienes infringen la ley. Sin embargo, la inflación hace que esas multas sean irrisorias y que las empresas prefieran incorporarlas a sus costos de producción que dejar de quebrantar las normas. Sin ir más lejos, la sanción más alta ahora mismo es de solo 3300 dólares por hectárea.
Ante este escenario desolador, la organización ambientalista Greenpeace ha lanzado una campaña que busca concientizar a la población argentina sobre lo que está sucediendo y promover penas más duras para los responsables. Además, ha lanzado una encuesta de la que ya han participado más de 110 mil personas que demuestra que más del 99% de los participantes está a favor de penas de prisión para quienes realicen desmontes ilegales o provoquen incendios forestales en los bosques del país.