La reciente Resolución 300/2025 aprobó nuevas reglas que permiten construir dentro de las áreas protegidas patagónicas. En lugar de reforzar sus límites, la norma amplía las superficies en las que se puede edificar y autoriza mayores zonas para usos turísticos y residenciales. Se trata de un cambio radical: lo que antes era una excepción, ahora se convierte en una puerta abierta a los desarrollos privados.
El mayor problema de este cambio es la falta de análisis ambiental acumulativo. Esto es así porque una construcción aislada no necesariamente destruye un ecosistema, pero cuando se multiplican, el impacto crece de forma silenciosa: caminos, accesos, tendidos eléctricos, efluentes y desmontes que fragmentan los bosques nativos.
Esa presión adicional va erosionando los corredores biológicos que permiten que la fauna se mueva y que los ecosistemas funcionen. Por este motivo, la organización ambientalista Greenpeace advirtió que este cambio no hace más que aumentar el aislamiento que existe entre los parques más cercanos. Esto a su vez, debilita la red ecológica que protege a las especies y a los procesos naturales.
En lugar de contener el dañino avance humano, la normativa lo facilita. El resultado es un sistema de áreas protegidas más vulnerable justo cuando el cambio climático está exigiendo que se tomen medidas de protección más estrictas.
Áreas protegidas y ecosistemas fragmentados
Al habilitar una mayor cantidad de construcciones, se profundiza la fragmentación del territorio. Cada nuevo camino altera rutas de fauna, cada alambrado bloquea desplazamientos y cada residencia añade tráfico, ruidos y riesgos de incendios. Así se pierde la conectividad natural de los animales, algo esencial para que las especies puedan sobrevivir y adaptarse en el contexto ambiental que atraviesa el planeta.
Otro grave problema es la presión sobre el agua. Los emprendimientos turísticos demandan cantidades elevadas incluso en períodos de estrés hídrico. En la Patagonia, donde el recurso hídrico ya está bajo tensión, la competencia entre los usos humanos y las funciones ecosistémicas no hará más que generar conflictos a corto y largo plazo.
Por otro lado, el personal encargado de la conservación (brigadistas, guardaparques y técnicos) se verá frente a un territorio más desprotegido con herramientas más limitadas. Cuanto más crece la huella humana, más difícil resulta controlar los incendios, fiscalizar las obras ilegales y mantener la integridad de los bosques. ¿Cuál será el resultado? A mayor urbanización, menor conservación.
Turismo sin guías ni evaluaciones de impacto ambiental
Por si fuera poco, la Resolución 62/2025 agregó otro factor de riesgo al eliminar la obligatoriedad de contar con guías habilitados y suprimir la exigencia de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para actividades consideradas “de bajo impacto”. En la práctica, esta flexibilización dispara el turismo desregulado dentro de áreas que requieren manejo especializado.
Los guías cumplen un rol clave: orientan a los visitantes, previenen accidentes, protegen la fauna y evitan los daños involuntarios. Sin ellos, aumenta la presencia de grupos desinformados que salen del sendero, dejan basura o se acercan demasiado a zonas frágiles. Al perder esa figura de autoridad y contención, los ecosistemas sufren.
Por su parte, la eliminación de los EIA para ciertas actividades no hace más que aumentar el riesgo. Que una actividad sea pequeña no significa que no tenga un impacto sobre la naturaleza. Al quitar ese filtro, se pierde la capacidad de anticipar daños y frenarlos antes de que se vuelvan irreversibles.
Parques Nacionales debilitados
El conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno Nacional marca un giro que debilita la función esencial de los Parques Nacionales: preservar la biodiversidad y proteger ecosistemas únicos. Cuando se permite más desarrollo privado dentro de sus límites, esa misión queda relegada a los intereses económicos de unos pocos.
Además, una vez que se abre la puerta a los proyectos privados, es difícil cerrarla. Cada aprobación sienta un precedente. Y cada precedente impulsa una nueva solicitud. Por este motivo, organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina se han manifestado en contra de las nuevas resoluciones que atentan contra la integridad ecológica de la Patagonia.
Lo que se necesita con urgencia es reforzar el rol protector de los Parques Nacionales, recuperar la importancia de la ciencia a la hora de tomar decisiones y garantizar que el turismo se desarrolle sin poner en riesgo aquello que lo hace posible. La Patagonia no necesita más construcciones, sino más conservación.